Mientras tanto, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados (MIJD), Raúl Castells, anunció para el próximo jueves en la Capital Federal una marcha "masiva para exigir el cese de la represión y la libertad de todos los presos".

Los delitos que se les imputan a los detenidos no son excarcelables y tienen que ver con la paralización de la actividad económica de la planta de la empresa Oil, contratista de Repsol YPF.

El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando unas 70 personas ocuparon el predio en reclamo de puestos de trabajo y, poco después, fueron desalojadas por la fuerza. En ese operativo hubo un policía herido, a quien se le disparó accidentalmente una bala de goma en el pie, además de 25 manifestantes detenidos.

Según denunció en un comunicado de prensa el líder del MIJD, Raúl Castells, los efectivos "molieron a palos" a los piqueteros y, en esas circunstancias, "hicieron abortar a la mujer de uno de los voceros de los desocupados".

La causa estuvo en manos de la jueza Graciela Ruata de Leone, que subrogaba a la magistrado en lo criminal y correccional de Pico Truncado, Cristina Lembeye, quien volvió a tomar la investigación y le tomó declaración en las últimas horas a los desocupados que fueron arrestados.

El intendente de Las Heras, José Luis Martinelli, confirmó que se libró una orden de captura para 40 de ellos, en tanto otros diez fueron detenidos y alojados en la comisaría local.

La jueza Ruatta de Leone negó la eximición de prisión y el otorgamiento de la libertad condicional para los acusados, que permanecerían presos hasta que se inicie el juicio oral.

Terra

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